La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias rechazaron la decisión del sistema de medios públicos, actualmente denominado Inravisión, de suspender la programación habitual de 20 Emisoras de Paz creadas en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. En su lugar, las estaciones comenzaron a emitir música y programación centralizada desde Bogotá.
Las emisoras fueron establecidas como parte de los compromisos derivados del acuerdo para llevar información y promover la convivencia y la reconciliación en territorios afectados por el conflicto armado. Actualmente, operan en 11 municipios: Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto, y están bajo la operación de Radio Nacional de Colombia. Según la información divulgada, alcanzan a más de 463.000 personas, principalmente en zonas rurales y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La suspensión habría sido comunicada a periodistas mediante mensajes de WhatsApp, en los que se les informó que debían detener la programación habitual por orden de la nueva administración. Al día siguiente, las emisoras quedaron enlazadas con la señal de Bogotá. Periodistas también denunciaron presuntos cambios en las dinámicas editoriales y señalaron que una persona habría sido designada para vigilar decisiones editoriales y consejos de redacción. Uno de los casos mencionados ocurrió durante la emergencia provocada por un terremoto, cuando, según los periodistas, se habría cuestionado la inclusión de testimonios de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La FLIP advirtió que reemplazar la programación territorial por contenidos exclusivamente musicales y centralizados puede afectar el derecho a informar y recibir información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. La preocupación adquiere especial relevancia en regiones donde la radio continúa siendo uno de los principales medios para conocer información local. De acuerdo con cifras del MinTIC publicadas en 2025, el 86 % de la población colombiana escucha radio, lo que equivale a más de 38 millones de personas.
La controversia se produce mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa una reestructuración del sistema de medios públicos, anunciada por la ministra de Tecnologías, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela María Mora. Entre las medidas anunciadas está el fin de una amplia franja noticiosa y de opinión en radio y televisión, además de una revisión de 1.051 contratos por cerca de $100.000 millones. El Gobierno también ha planteado modificaciones relacionadas con entidades creadas en el marco del Acuerdo de Paz, entre ellas la Unidad de Implementación del Acuerdo, mientras se prevé el desmonte de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Para las organizaciones críticas, la suspensión de las Emisoras de Paz representa un nuevo punto de tensión entre la política de reducción y reorganización del Estado y los compromisos de comunicación territorial derivados del acuerdo.
