El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sostuvo este viernes 21 de agosto una reunión con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el director general del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, para abordar los hechos de violencia registrados recientemente en la ciudad y definir acciones conjuntas en materia de seguridad.
Durante el encuentro, Char aseguró que encontró respaldo del Gobierno nacional y señaló que también conversó con el presidente Abelardo De La Espriella, quien, según el mandatario distrital, manifestó su compromiso con las medidas que se adopten para enfrentar la situación. Char insistió en que la ciudad requiere una respuesta coordinada frente a los homicidios, la extorsión y las actividades criminales que tendrían origen en los centros penitenciarios.
El ministro de Justicia, por su parte, anunció una posición de “cero tolerancia” frente a la extorsión carcelaria y aseguró que se buscará perseguir las finanzas de las organizaciones criminales. Cancino también confirmó que Barranquilla será sede alterna del Gobierno nacional y reiteró que desde su cartera se trabajará en acciones contra fenómenos como la extorsión y el sicariato, además de otras problemáticas relacionadas con el sistema de justicia.
Entre los anuncios se encuentra también la llegada a Barranquilla de la Subdirección de la Policía, medida que había sido anunciada previamente por el Gobierno. La articulación entre Distrito, Policía, Ministerio de Justicia e INPEC buscará fortalecer la respuesta institucional frente a las estructuras criminales. El alcance y los resultados concretos de estas medidas dependerán de su implementación y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Al cierre de la reunión, Char destacó las inversiones realizadas por el Distrito para fortalecer a la Policía, incluyendo motocicletas, camionetas, radios, computadores y cámaras de vigilancia. Sin embargo, reconoció que los resultados en seguridad “no son lo que la gente está demandando”, mientras la administración busca mantener la actividad económica, turística y empresarial de Barranquilla sin que los hechos de violencia afecten la percepción de seguridad de la ciudad.
