La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia contra la fiscal general Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a raíz de las declaraciones entregadas por la exfiscal Lucy Laborde sobre su participación en el proceso contra Nicolás Petro. La denuncia solicita investigar posibles delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, además de eventuales responsabilidades disciplinarias.

Según el testimonio de Laborde, Camargo le habría planteado durante una reunión en el búnker de la Fiscalía la posibilidad de retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro y mantener el de enriquecimiento ilícito. La exfiscal afirmó que en el encuentro participaron otros funcionarios de la entidad y que, antes de la supuesta solicitud, se habría analizado las consecuencias que tendría para el procesado mantener el delito de lavado de activos.

La Fiscalía General de la Nación rechazó esa versión y calificó las declaraciones de Laborde como “sesgadas, parciales e incompletas”. La entidad sostuvo que no hubo órdenes, coacción ni presión para eliminar delitos y explicó que la reunión del 5 de septiembre de 2024 tuvo como propósito analizar una solicitud de la defensa relacionada con una eventual modificación de la calificación jurídica para alcanzar un preacuerdo, propuesta que, según la Fiscalía, no fue aceptada.

El ente acusador también negó que la salida de Laborde de la institución estuviera relacionada con el expediente de Nicolás Petro. Según la Fiscalía, la exfiscal fue ratificada en el caso en dos oportunidades frente a solicitudes de la defensa para apartarla y posteriormente salió de la entidad en el marco del concurso de méritos para proveer cargos de planta. Tras su retiro, el proceso quedó en manos del fiscal Juan Martín Parada.

Ahora, la Comisión de Acusaciones deberá determinar si existen elementos para verificar las afirmaciones de la exfiscal y establecer si hubo alguna actuación irregular por parte de la fiscal general. La denuncia, por sí misma, no demuestra responsabilidad penal o disciplinaria de Camargo. Mientras avanza el proceso, permanecen enfrentadas dos versiones sobre lo ocurrido dentro de la Fiscalía y será la investigación formal la que determine qué hechos pueden ser acreditados.