El Gobierno nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca facilitar la desmovilización de integrantes de organizaciones armadas ilegales y su comparecencia ante la justicia ordinaria.
La iniciativa, presentada por los ministros de Justicia, Iván Alfonso Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, propone modificar disposiciones de la Ley 418 de 1997. Entre las medidas figuran rebajas de penas del 50 % para quienes cumplan los requisitos y del 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo.
También contempla modalidades especiales de reclusión, libertad condicional y, en determinados casos, suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Los beneficios estarían sujetos a la entrega de armas y bienes ilícitos, el abandono de actividades criminales, el suministro de información sobre las estructuras y sus economías ilegales, el esclarecimiento de hechos violentos y la reparación de las víctimas. El incumplimiento podría ocasionar su pérdida.
Dos etapas para los procesos colectivos
El procedimiento tendría una fase administrativa, coordinada por el Gobierno, para recibir solicitudes, establecer compromisos y verificar avances en el desarme y la entrega de bienes. Esta etapa duraría hasta tres meses, prorrogables una sola vez por el mismo periodo, previa justificación.
En la fase judicial, las autoridades determinarían la responsabilidad individual de los integrantes y los beneficios aplicables. La Fiscalía mantendría sus funciones de investigación y acusación, mientras que los jueces adoptarían las decisiones correspondientes.
La propuesta incluye, además, una estrategia de intervención territorial para fortalecer la presencia estatal en zonas afectadas por la violencia, promover economías legales y evitar que otros grupos ocupen los territorios dejados por las organizaciones desmanteladas.
El proyecto aclara que estas medidas no implican suspender las operaciones de la Fuerza Pública ni las investigaciones judiciales. Su entrada en vigor dependerá de la aprobación del Congreso.
