La decisión significa que el proceso judicial continuará y que la Sala Quinta deberá estudiar de fondo los argumentos planteados contra el nombramiento. Sin embargo, mientras avanza el proceso, Garrido podrá continuar ejerciendo como directora de la ANT, pues no se ordenó apartarla temporalmente del cargo. 

La demanda cuestiona la legalidad de su designación, formalizada mediante el Decreto 1149 de 2026. Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y fue concejal de Arauca y representante a la Cámara antes de asumir la dirección de la entidad. 

El Consejo de Estado deberá ahora continuar con las etapas correspondientes del proceso y posteriormente determinar, mediante una sentencia, si el nombramiento se ajustó o no al ordenamiento jurídico. La negativa de la suspensión no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del nombramiento.