La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, luego de una denuncia relacionada con una campaña de donaciones destinada a los sobrevivientes del terremoto registrado el pasado 10 de agosto en el Chocó. El alto tribunal busca determinar si en los hechos denunciados podrían configurarse los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. Como parte del proceso, el congresista será citado a versión libre.

La actuación judicial se originó en una denuncia presentada el 14 de agosto ante la Corte Suprema, en la que se cuestiona la forma en que fueron recolectados y administrados los recursos. Según la denuncia, la campaña habría logrado reunir más de $300 millones, pero parte del dinero habría sido consignada en una cuenta personal de una persona cercana al congresista, en lugar de utilizar canales institucionales o directamente vinculados con la organización beneficiaria.

El denunciante, Daniel David Martínez, presentó un documento de 21 páginas en el que advierte que esta situación podría haber generado confusión entre quienes realizaron las donaciones. La denuncia inicialmente solicitaba investigar posibles delitos de estafa, captación ilegal de dinero y peculado por apropiación, además de pedir que se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación frente a la actuación de Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benavides. El caso quedó en manos del magistrado Francisco Farfán.

Ante los cuestionamientos, Benavides rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de señalamientos realizados sin verificar previamente la información. En entrevista con Caracol Radio, el representante sostuvo que la iniciativa surgió con el propósito de atender a las comunidades afectadas por el terremoto y afirmó que no solicitó consignaciones a cuentas personales de su propiedad. Según su versión, una fundación vinculada a la campaña autorizó que los aportes fueran recibidos a través de las cuentas de su representante legal.

El congresista explicó que las consignaciones realizadas mediante Nequi y Bancolombia correspondían, según su versión, a cuentas del representante de la fundación y no a sus cuentas personales. Ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de esclarecer cómo se recolectaron, recibieron y administraron los recursos, así como determinar si existieron o no conductas con relevancia penal. La apertura de la indagación, por sí sola, no significa que Benavides haya sido declarado responsable de algún delito.