El Gobierno de Abelardo De la Espriella dio un giro a la política de erradicación de cultivos ilícitos al derogar la Resolución 6 de 2015, norma que mantenía suspendido el uso del glifosato mediante aspersión aérea en Colombia. La decisión quedó establecida en la Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y publicada en el Diario Oficial.
La medida reabre formalmente la posibilidad de utilizar nuevamente la aspersión aérea, una estrategia que permanecía congelada desde hace más de una década. Sin embargo, el propio Gobierno dejó una precisión fundamental: derogar la suspensión no significa que las fumigaciones puedan comenzar de inmediato. La resolución establece expresamente que la decisión no implica la reanudación automática del programa ni autoriza operaciones desde aeronaves tripuladas.
Para que eventualmente pueda retomarse el programa deberán cumplirse, entre otros requisitos, la expedición por parte de la ANLA de un Plan de Manejo Ambiental General, el desarrollo de consultas previas con las comunidades étnicas de las zonas de operación y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional. También deberán superarse los procedimientos relacionados con la evaluación sanitaria del glifosato y los planes ambientales específicos para las zonas donde se pretenda intervenir.
En la resolución, el Consejo Nacional de Estupefacientes también revisó la evidencia científica utilizada para sustentar la suspensión de 2015. El documento contrasta la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que en 2015 consideró al glifosato como “probablemente carcinogénico”, con evaluaciones posteriores de organismos como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que han llegado a conclusiones diferentes sobre sus riesgos.
Así, la decisión del Gobierno no representa todavía el regreso de las avionetas con glifosato a los territorios, pero sí elimina una de las principales barreras administrativas que impedían avanzar hacia esa posibilidad. El siguiente pulso estará en los requisitos ambientales, sanitarios y constitucionales que deberá cumplir la administración De la Espriella antes de poder convertir esta decisión política en operaciones efectivas de aspersión aérea.
