El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda, que contempla subsidios temporales, mejoramientos de vivienda, atención en salud y educación, además de la posible habilitación de inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el inicio de los desembolsos directos a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables, programados a partir del 31 de agosto. El apoyo será de $1,05 millones mensuales durante tres meses, para un total inicial de $3,15 millones. En el caso de los propietarios, el beneficio podría extenderse por otros tres meses. El mandatario aseguró que no habrá intermediarios políticos ni particulares en la entrega de los recursos.
Para las viviendas que presentan daños, pero que continúan siendo habitables, se contempla la entrega de kits de materiales para su recuperación, después de las respectivas evaluaciones técnicas. Dentro del plan se anunciaron 909 mejoramientos de vivienda, de los cuales 261 estarán destinados a Pereira. Además, el Ministerio de Vivienda, junto con el sector privado, dispone de 191 toneladas de materiales y maquinaria amarilla para apoyar las primeras intervenciones.
Otro de los puntos anunciados es que Pereira funcionará como centro operativo regional de la reconstrucción, desde donde se coordinarán las acciones con la Gobernación de Risaralda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las alcaldías, constructoras, aseguradoras, entidades financieras y el Fondo Milagro. A esto se suma la revisión de los 925 inmuebles que la SAE administra en Risaralda, de los cuales 592 están ubicados en Pereira, para determinar cuáles podrían ser habilitados como alternativas de vivienda para damnificados.
La emergencia también mantiene impactos en salud y educación. Según lo informado, 34 centros de salud en Pereira resultaron afectados, mientras avanzan las labores para recuperar servicios como el Hospital Universitario San Jorge. Actualmente hay siete alojamientos temporales para 1.092 personas y se han realizado 87 evaluaciones de salud mental. En el sector educativo, 13 sedes permanecen en riesgo y 48 tienen restricciones de uso, por lo que cerca de 8.000 estudiantes serán reubicados en instalaciones alternas. Además, el Icetex congelará durante un trimestre los créditos de más de 5.000 estudiantes de Risaralda.