El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva propuesta para modificar el sistema de sanciones y trámites de tránsito en Colombia, asegurando que busca enfrentar los “abusos y sobrecostos” que, según afirmó, afectan a millones de conductores. Su principal apuesta será llevar al Congreso una iniciativa para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito, bajo el argumento de que una infracción no debería convertirse en una carga económica para las familias.

El mandatario también puso en la mira el sistema que permite acceder a descuentos mediante cursos pedagógicos. De la Espriella propuso eliminar el requisito de la denominada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y cuestionó las barreras que, según su planteamiento, han permitido la existencia de monopolios alrededor de estos cursos. Su propuesta contempla reducir en 25 % el costo de los cursos y permitir que las propias autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente.

La lista de cambios incluye además una revisión de las licencias de conducción, con la intención de reducir sus costos, eliminar cobros que el Gobierno considere innecesarios y ampliar su vigencia a ocho o diez años. También planteó revisar las tarifas y posibles duplicidades del RUNT y el SIMIT, así como el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

Uno de los anuncios más polémicos fue su promesa de “ponerle freno al negocio de las fotomultas”. De la Espriella aseguró que endurecerá los controles para autorizar estos dispositivos y establecerá parámetros para la calibración de los equipos, argumentando que las cámaras deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo. El discurso resulta particularmente llamativo porque el propio Gobierno reconoce que se requiere una revisión integral de estos sistemas para verificar su autorización, soporte técnico y legal, además de factores como siniestralidad, límites de velocidad y señalización.

El presidente cerró su mensaje con una fuerte crítica al funcionamiento actual del sistema, afirmando que “no voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano”. Sin embargo, por ahora, buena parte de las medidas anunciadas son propuestas que deberán pasar por el Congreso o por procesos de revisión normativa, por lo que todavía no representan una reducción efectiva de las multas ni de los demás costos. El reto para el Gobierno será convertir el discurso de “menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo” en modificaciones concretas que puedan aplicarse sin afectar los objetivos de seguridad vial.