El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el desmonte de tres procesos de negociación que habían sido impulsados durante la administración del expresidente Gustavo Petro con estructuras armadas ilegales. La decisión quedó plasmada en tres resoluciones expedidas el 28 de agosto, con las que se pone punto final a las conversaciones con el Estado Mayor, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Mediante la Resolución 343, el Ejecutivo terminó la mesa de diálogos con el denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, estructuras asociadas a las disidencias de las Farc. La decisión se fundamentó, según el documento, en la “ausencia de voluntad de paz”, además de acontecimientos que habrían debilitado el proceso y evidenciado incumplimientos de lo acordado.
El Gobierno también expidió la Resolución 349, mediante la cual puso fin al espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En este caso, la administración De la Espriella sostuvo que los hechos registrados durante el proceso habrían impedido evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia por parte de esa organización armada.
La tercera decisión quedó consignada en la Resolución 346, que terminó la mesa de diálogos con la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura surgida en 2024 tras la separación de sectores de la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Al igual que en los otros procesos, el Gobierno argumentó que los acontecimientos registrados debilitaron las conversaciones y que no encontró señales suficientes de voluntad para abandonar las armas y reincorporarse a la vida civil.
Con estas tres resoluciones, la administración De la Espriella rompe con una de las principales apuestas de la política de seguridad de Gustavo Petro y marca un giro frente al modelo de negociación que caracterizó al anterior Gobierno. La decisión plantea un nuevo escenario para las relaciones del Estado con estas estructuras armadas, mientras queda por establecer cuál será la estrategia que aplicará el Ejecutivo frente a los grupos que continúan operando en diferentes regiones del país.
