La investigación está relacionada principalmente con el procedimiento de polígrafo al que fue sometida Meza en enero de 2023, después de que se reportara la pérdida de dinero en la residencia de Sarabia.

La controversia surgió debido a que el procedimiento se realizó utilizando instalaciones y personal vinculados a la seguridad de la Presidencia, pese a que Meza no hacía parte de la planta de funcionarios públicos.

El caso de las interceptaciones

El caso también está relacionado con las interceptaciones telefónicas ilegales conocidas como las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y a otra mujer, Fabiola Perea.

En 2023, la Fiscalía estableció que los teléfonos de ambas mujeres habían sido interceptados de manera irregular. Para obtener las interceptaciones, según la investigación de entonces, se habría presentado información falsa que las vinculaba con integrantes del Clan del Golfo.

Por estos hechos fueron investigados integrantes de la Policía y de la Dijín. La Fiscalía también indagó la posible relación de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno con las actuaciones que terminaron afectando a las dos mujeres.

La solicitud de imputación conocida ahora contra Sarabia se centra en los hechos relacionados con el polígrafo, aunque el caso de las interceptaciones hace parte del contexto general de las investigaciones derivadas del episodio.

La audiencia del 14 de septiembre será el escenario en el que la Fiscalía expondrá ante el juez los hechos que atribuye a Sarabia y los elementos que sustentan su solicitud.

La imputación de cargos no constituye una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de la investigada. A partir de la audiencia, el proceso continuará conforme a las decisiones que adopten las autoridades judiciales.

Sarabia, por su parte, ha manifestado que respeta las actuaciones de las autoridades y que confía en las decisiones que se adopten dentro del proceso.