La decisión está contenida en la Sentencia T-258 de 2026, en la que el alto tribunal analizó las declaraciones relacionadas con las circunstancias que rodearon el atentado contra Uribe Turbay. 

Según la Corte, aunque los funcionarios públicos cuentan con libertad para expresar sus opiniones, existen límites cuando sus manifestaciones pueden afectar derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la dignidad y la honra de las víctimas y sus familiares. 

La orden busca reparar públicamente la afectación ocasionada a la familia del senador y establece medidas específicas que deberá cumplir la UNP.