Una alerta de seguridad encendió las alarmas en la Corte Suprema de Justicia luego de conocerse una serie de hechos que podrían representar un riesgo para los magistrados y funcionarios que participaron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko Gómez’. El magistrado José Joaquín Urbano Martínez solicitó reforzar las medidas de protección ante la preocupación por posibles represalias tras la reciente condena contra el exmandatario.
La situación está relacionada con la decisión adoptada el 29 de abril de 2026, cuando la Sala de Casación Penal revocó una absolución previa y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado a 31 años y ocho meses de prisión. La sentencia, aprobada por unanimidad, continúa vigente y fue uno de los elementos que llevaron al magistrado Urbano a advertir sobre un eventual riesgo para quienes intervinieron en el proceso judicial.
Entre los hechos que aumentaron la preocupación se encuentra lo ocurrido en la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien participó en el proceso solicitando la condena de ‘Kiko’ Gómez. Según la información conocida, en su despacho, ubicado en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación, apareció una bala disparada y posteriormente fueron encontradas dos ventanas rotas y evidencias que inicialmente fueron asociadas con disparos de fusil. Las autoridades deberán establecer el origen de estos hechos y si existe alguna relación con el proceso judicial.
La alerta también surgió tras la circulación en redes y plataformas digitales de información no verificada sobre un supuesto plan para asesinar a tres personas. El magistrado Urbano no presentó esa versión como un hecho comprobado ni atribuyó directamente esas amenazas a ‘Kiko’ Gómez, pero señaló que la información, sumada a la preocupación expresada por otros funcionarios judiciales, generó un escenario de inquietud alrededor de la seguridad de quienes participaron en el caso.
Ante este panorama, la Corte Suprema puso los hechos en conocimiento de las autoridades de seguridad y solicitó fortalecer las medidas de protección para los magistrados de la Sala de Casación Penal y sus familias. Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió en la Procuraduría y si existe una amenaza real detrás de estos hechos, la preocupación crece en torno a uno de los procesos judiciales más sensibles relacionados con el exgobernador guajiro.
