El carro bomba que explotó frente a la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, no solo dejó un muerto y 11 heridos: también volvió a encender las alarmas sobre la capacidad de los grupos armados para ejecutar ataques con explosivos en territorio colombiano. Con este hecho, el país llegó a por lo menos 204 atentados con explosivos en lo corrido de 2026, incluidos ataques mediante drones cargados con granadas. Sin embargo, la cifra exige una lectura más cuidadosa: 174 de esos hechos habían ocurrido hasta el 30 de julio, cuando todavía gobernaba Gustavo Petro, mientras que durante agosto se registraron al menos otros 30, varios de ellos después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
El mapa de la violencia muestra que la crisis no comenzó con el nuevo Gobierno. Durante la administración Petro, los ataques se concentraron especialmente en zonas donde las estructuras armadas mantienen disputas por territorio y economías ilegales. El ELN aparece vinculado a al menos 75 de los 204 atentados, varios de ellos ejecutados con drones en el Catatumbo, mientras que otras acciones, particularmente las registradas en el suroccidente durante abril, fueron atribuidas a disidencias de las Farc. Norte de Santander se convirtió en uno de los principales escenarios de esta escalada, con una creciente utilización de métodos que permiten atacar instalaciones militares y policiales sin necesidad de desplegar grandes contingentes de combatientes.
Frente a esa situación, Petro respondió con operaciones militares y acciones de inteligencia, especialmente contra el ELN y las disidencias que operan en regiones como Catatumbo y el suroccidente. La estrategia, sin embargo, convivió con la persistencia de los ataques y con el fortalecimiento de modalidades como los drones explosivos. Así, el Gobierno saliente entrega un balance en el que la capacidad de las organizaciones armadas para financiarse, reclutar integrantes y controlar territorios no logró ser desarticulada, pese a los golpes propinados por la Fuerza Pública. Expertos citados en el debate de seguridad han advertido precisamente que capturar o neutralizar cabecillas no basta si las rentas ilegales que sostienen a estas estructuras permanecen intactas.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella, el discurso y la respuesta frente a los grupos armados dieron un giro mucho más confrontacional. El nuevo mandatario asumió el poder el 7 de agosto y, desde entonces, se han registrado nuevos ataques con explosivos en departamentos como Cesar, Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Entre los primeros hechos de su administración estuvo un ataque con drones contra la subestación de Policía de San Roque, en Cesar, que dejó muerto al subintendente Argemiro Rodelo Canchila; además, fue atacado un peaje en construcción de la vía Panamericana. En paralelo, el Gobierno ha incrementado las operaciones militares y, en sus primeras semanas, ha realizado bombardeos contra estructuras armadas, acompañados de un discurso de ofensiva directa contra estas organizaciones.
El atentado de Los Patios, ocurrido ya durante la administración De la Espriella, termina de poner a prueba esa nueva estrategia. Las autoridades atribuyeron preliminarmente el ataque a una estructura urbana del ELN y señalaron que el vehículo habría sido cargado con cerca de 80 kilogramos de amonal; además, el Gobierno anunció recompensas de hasta $800 millones por información que permita ubicar a algunos de los responsables. La comparación deja, por ahora, una conclusión incómoda para ambos gobiernos: Petro no logró contener una escalada que ya venía creciendo y De la Espriella, pese a su promesa de mano dura, todavía no ha demostrado que su cambio de estrategia sea suficiente para detenerla. Los 204 atentados no pertenecen a un solo Gobierno: son, sobre todo, el reflejo de un problema de seguridad que cambió de presidente, pero todavía no de dimensión.
