La iniciativa plantea modificar el artículo 109 de la Constitución Política para suprimir la financiación estatal mediante el sistema de reposición por los votos depositados en este tipo de mecanismos.

Según la propuesta, la reforma no eliminaría la financiación pública de los partidos y movimientos políticos ni los recursos estatales destinados a las campañas electorales. El cambio se limitaría exclusivamente a la reposición de votos en las consultas.

El proyecto establece que las organizaciones políticas que decidan convocar consultas deberán asumir los gastos de sus respectivas campañas, mientras que el Estado continuaría financiando la organización y realización de estos procesos democráticos.

Cadavid sostuvo que, aunque las consultas constituyen mecanismos de participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas, la decisión de convocarlas responde a la autonomía de cada partido o movimiento, por lo que plantea modificar el actual esquema de financiación.

El proyecto de acto legislativo consta de dos artículos: uno para modificar el artículo 109 de la Constitución y eliminar la reposición estatal de votos en las consultas, y otro que establece que la reforma entraría en vigencia a partir de su promulgación.