Una decisión judicial ordenó al Gobierno nacional abstenerse provisionalmente de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales.

La orden fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, dentro de sus respectivas competencias.

La decisión estará vigente mientras se adopta un fallo de fondo dentro de la acción de tutela. Antes de realizar una operación aérea, las autoridades deberán adoptar y verificar las medidas de precaución y protección necesarias.

Además, un ataque solo podrá ejecutarse si, con base en la información disponible y los protocolos operacionales aplicables, se determina que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo.

El pronunciamiento judicial se conoce luego de los recientes operativos militares contra estructuras de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’, particularmente el realizado en El Retorno, Guaviare, que dejó 10 integrantes de esa estructura muertos.

Medicina Legal logró identificar nueve de los cuerpos recuperados tras la operación. Entre ellos se encontraban tres menores de edad, de 15 y 16 años, según la información conocida sobre el procedimiento.

El caso volvió a poner en el centro del debate el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados ilegales y las consecuencias de su presencia en campamentos y zonas utilizadas para sus operaciones.

En ese contexto, el juez estableció que la Fuerza Pública deberá considerar la información disponible sobre la presencia de menores antes de autorizar este tipo de operaciones y evaluar las alternativas que permitan reducir los riesgos para la población infantil y adolescente.