El Juzgado Tercero de Puerto Asís, Putumayo, suspendió temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio promovido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para la erradicación de cultivos de coca. La decisión se produjo tras admitir una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que argumentó posibles afectaciones a derechos relacionados con la vida, la salud, el agua, el ambiente sano, la participación ciudadana y la biodiversidad.
La medida cautelar deja en pausa los efectos de la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, hasta que el juzgado reciba la información necesaria y adopte una decisión de fondo. El despacho advirtió que, en una primera revisión, el documento no permite establecer con suficiente claridad dónde se realizaría la intervención, qué municipios estarían involucrados ni cuáles son las características ambientales de las zonas seleccionadas.
El cuestionamiento judicial no significa que la justicia haya declarado ilegal la erradicación de cultivos ilícitos ni que haya prohibido de manera definitiva la utilización de este tipo de sustancias. El problema señalado es otro: el Gobierno sostiene que su decisión está respaldada por estudios técnicos, análisis cartográficos, evaluaciones ambientales y protocolos que aún no fueron puestos a disposición del juzgado de manera suficiente para evaluar sus posibles consecuencias. Para el despacho, ejecutar el plan antes de conocer y analizar esos elementos podría hacer ineficaz una eventual protección de los derechos reclamados.
La preocupación cobra especial relevancia en un departamento como Putumayo, donde cualquier estrategia de erradicación debe considerar no solamente la lucha contra las economías ilegales, sino también la protección de fuentes hídricas, cultivos lícitos, comunidades rurales, biodiversidad e insectos polinizadores. La suspensión abre además el debate sobre la necesidad de evaluar alternativas de sustitución y desarrollo rural que permitan reducir los cultivos de coca sin trasladar los costos de la política antidrogas al medio ambiente y a las comunidades que habitan los territorios intervenidos.
Por ahora, el juzgado ordenó la suspensión de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo hasta que las entidades involucradas entreguen la documentación solicitada y existan suficientes elementos para resolver la controversia. El caso deja así en suspenso una de las apuestas del actual Gobierno contra los cultivos ilícitos y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo combatir la producción de coca de manera efectiva sin repetir estrategias cuyos impactos ambientales y sociales aún generan controversia?
