El Gobierno de Abelardo De la Espriella anticipó que la próxima negociación del salario mínimo estará orientada por criterios económicos como la inflación y la productividad, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar presiones adicionales sobre los precios.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó nuevamente el incremento del 23 % aplicado para 2026, que llevó el salario mínimo a $1.750.905, y lo calificó como “absolutamente innecesario”.

Según el funcionario, el aumento tuvo efectos sobre el consumo privado, las presiones inflacionarias y las importaciones, factores que, de acuerdo con su explicación, contribuyeron al deterioro del déficit comercial.

Gómez sostuvo que las futuras alzas deberán considerar los datos oficiales de inflación del Dane y la capacidad productiva de la economía. La intención es que empresarios, sindicatos y Gobierno participen en una negociación sustentada en criterios económicos.

El ministro también defendió las medidas adoptadas por el Banco de la República para contener la inflación y advirtió que el comportamiento de los precios podría mantenerse por encima de las metas durante varios años.

La posición del Gobierno apunta a buscar un equilibrio entre el aumento de los ingresos de los trabajadores y la estabilidad de variables como la inflación, bajo la premisa de que la política salarial debe contribuir a preservar el poder adquisitivo sin generar nuevas presiones sobre la economía.