El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, respaldó la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas en situaciones de violencia, vandalismo o alteraciones graves del orden. El Gobierno anunció que trabaja en un protocolo para definir las circunstancias en las que la Policía podría ingresar a los campus.

Barrios sostuvo que en la Universidad del Atlántico existen situaciones de seguridad que, según la administración, requieren un acompañamiento adicional al de los mecanismos internos. “Es necesario”, afirmó el rector, quien manifestó que la institución está dispuesta a participar en la construcción de protocolos que permitan la intervención de la Fuerza Pública cuando estén en riesgo la vida o la integridad de estudiantes y profesores.

Entre los casos que mencionó está el ingreso de una persona ajena a la universidad que, según su relato, habría intentado acosar a un estudiante. El rector aseguró que este tipo de situaciones se han presentado en años anteriores y cuestionó que, a su juicio, no se les haya dado suficiente atención. También anunció que la institución avanzará en medidas propias para reforzar la seguridad.

En ese sentido, Barrios confirmó que el sistema de control de acceso de la Universidad del Atlántico entraría en funcionamiento en octubre. La propia institución había informado que el proyecto contempla torniquetes, pórticos y mecanismos de validación mediante códigos QR, carnés y biometría, como parte de su estrategia denominada “UA Territorio Seguro”.

La posición del rector se conoce en medio del debate nacional sobre seguridad y autonomía universitaria. Mientras el Gobierno sostiene que la protesta pacífica debe ser respetada y que la Fuerza Pública actuaría ante hechos violentos o delictivos, la discusión gira ahora alrededor de las condiciones, límites y protocolos que deberían regular cualquier ingreso policial a un campus. En el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano también ha respaldado la protección de los bienes públicos, pero ha llamado a respetar la autonomía universitaria establecida en la Constitución.