Santa Marta continúa enfrentando una grave alteración del orden público, con restricciones a la movilidad, amenazas contra comerciantes, afectaciones al transporte y temor entre la población. En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió varios sectores de la ciudad acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, mientras lideraba un Puesto de Mando Unificado para evaluar la respuesta institucional.

Sin embargo, la imagen que terminó dominando la jornada fue la del mandatario con chaleco antibalas y un arma de fuego visible en el cinturón. Aunque el Gobierno puede argumentar que se trató de una medida de protección, la decisión resulta cuestionable desde el punto de vista político y simbólico. En una ciudad sometida a un paro armado, exhibir un arma no necesariamente transmite control: puede proyectar confrontación, intimidación y una lógica de respuesta basada en la fuerza.

La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje recibe la ciudadanía cuando el presidente aparece armado mientras les pide a los habitantes retomar sus actividades? La seguridad no se demuestra únicamente con patrullajes ni con la exhibición de armas. También exige confianza, coordinación institucional, protección efectiva y condiciones reales para que la población pueda salir de sus casas sin exponerse a represalias.

La presencia presidencial en los barrios puede ser entendida como un intento de mostrar autoridad y acompañamiento a la comunidad. No obstante, en medio de amenazas, quema de vehículos y restricciones impuestas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el recorrido corre el riesgo de convertirse en una puesta en escena política. Mientras el mandatario se desplaza con escoltas, blindaje y armamento, miles de ciudadanos enfrentan una realidad distinta: negocios cerrados, transporte limitado y miedo a convertirse en objetivo de los grupos armados.

Además, la exhibición pública del arma puede interpretarse como una forma de incitación a la violencia o de normalización del lenguaje armado. Un jefe de Estado tiene la responsabilidad de reducir la tensión, no de reforzar la idea de que la autoridad se impone mediante la intimidación. La firmeza frente a las estructuras criminales es necesaria, pero debe expresarse a través de decisiones institucionales, operaciones legítimas y resultados verificables, no mediante gestos que puedan alimentar la confrontación.

El Gobierno anunció el refuerzo de la presencia militar y policial en Santa Marta y Ciénaga, así como el despliegue de unidades especiales en puntos estratégicos. Estas medidas deben estar acompañadas de garantías para la población civil, transparencia sobre los operativos y una estrategia que permita recuperar el control territorial sin poner en riesgo a las comunidades.

La ciudad no necesita únicamente una demostración de fuerza. Necesita que el Estado garantice la movilidad, proteja a comerciantes y transportadores, investigue las amenazas y restablezca la vida cotidiana. Mientras Santa Marta siga en paro armado, el desafío no es mostrar quién porta el arma más visible, sino demostrar que las instituciones pueden proteger a la ciudadanía sin convertir la crisis en un espectáculo de confrontación.