La decisión fue aprobada dentro del bloque de modificaciones al proyecto presupuestal. Según el texto de la ponencia, $30.000 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $140.000 millones a inversión. El documento justifica el ajuste como parte de un ejercicio de racionalización y priorización del gasto ante las restricciones fiscales previstas para 2027.

El recorte fue aprobado con 65 votos a favor y uno en contra, de acuerdo con el reporte de Noticias RCN sobre la votación de los artículos del proyecto.

Dentro de las modificaciones presupuestales también se aprobaron $100.000 millones adicionales para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes en gastos de personal relacionados con el ajuste de la bonificación judicial. Para el sector Deporte y Recreación se adicionaron $99.100 millones, destinados a programas de apoyo a deportistas, formación, preparación y alto rendimiento.

El abogado penalista Juan Francisco Navarrete Riveros, en una columna publicada el 23 de septiembre, sostuvo que el debate sobre los recursos de la JEP debe centrarse en cuánto necesita realmente para cumplir sus funciones y en los resultados que demuestra con los recursos asignados. También cuestionó que la discusión presupuestal se presente únicamente como un debate político alrededor del Acuerdo de Paz.

Navarrete planteó además que la JEP debe someter sus gastos a criterios de eficiencia y cuestionó aspectos como los recursos destinados a viajes, estructuras administrativas y salarios. En su análisis, señaló que la justicia ordinaria enfrenta problemas de congestión y precariedad mientras la jurisdicción transicional dispone de una estructura que, según su opinión, debe ser revisada.

El jurista también cuestionó la permanencia prolongada del modelo de justicia transicional y planteó la necesidad de discutir su vigencia y eventual cierre, en lugar de prolongar indefinidamente sus estructuras.

La posición de Navarrete contrasta con la advertencia formulada por magistrados de la JEP. El magistrado Raúl Sánchez sostuvo ante las comisiones económicas que la reducción podría afectar audiencias territoriales, medidas de seguridad para víctimas y comparecientes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

El proyecto continuará ahora su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde deberá surtir los debates restantes antes de convertirse en ley.