El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura de Iván Name, exsenador y expresidente del Senado, dentro del proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, conocida coloquialmente como ‘muerte política’, todavía puede ser apelada.

El proceso se originó por los señalamientos según los cuales Name habría recibido $3.000 millones en efectivo, recursos que estarían relacionados con el entramado de corrupción de la UNGRD. Según las pruebas analizadas por el tribunal, las entregas se habrían realizado en dos momentos, el 12 y el 13 de octubre de 2023, con la presunta participación de la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz.

La Sala sustentó su decisión en una cadena de elementos testimoniales, documentales y técnicos, entre ellos declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, conversaciones de WhatsApp y registros de geolocalización. El tribunal también analizó el comportamiento de Name durante el trámite de la reforma pensional y concluyó que, pese a su posición pública de oposición al Gobierno Petro, habría utilizado su posición como presidente del Senado para facilitar el avance de la iniciativa.

Uno de los elementos destacados por el Consejo de Estado fue que Name se ausentó o cedió la dirección de 14 de las 16 sesiones en las que se discutió y votó la reforma pensional, permitiendo que la conducción quedara en manos de la entonces senadora María José Pizarro. Para el alto tribunal, esta conducta hizo parte del mecanismo mediante el cual se habría ejercido indebidamente la influencia derivada de su cargo.

La decisión administrativa se suma a la investigación penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia por estos mismos hechos, procesos que son independientes entre sí. Name ha negado haber recibido dinero o incurrido en tráfico de influencias y ha cuestionado los señalamientos en su contra. Por ahora, la pérdida de investidura no está en firme, debido a que la decisión puede ser recurrida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.