La decisión responde a una tutela presentada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales Suárez, quien alegó una vulneración de derechos relacionados con la dignidad, la igualdad y la identidad del campesinado.

El fallo señala que “campesino”, “campesina” y “campesinado” son categorías reconocidas constitucionalmente y vinculadas a sujetos de especial protección. Por ello, no pueden ser eliminadas ni sustituidas de manera general del lenguaje estatal.

La controversia surgió el 8 de septiembre, cuando Dangond manifestó ante las comisiones económicas del Congreso que los campesinos serían denominados “pequeños empresarios del campo” y afirmó que el término “campesino” era despectivo.

El juzgado, sin embargo, no ordenó al ministro retractarse específicamente de esa valoración, al considerar que corresponde a un juicio de valor protegido por la libertad de expresión. La orden se refiere a precisar el alcance institucional de sus declaraciones y reconocer el carácter constitucional del campesinado.

La decisión es de primera instancia y puede ser impugnada.