El presidente Abelardo De la Espriella pidió a las autoridades judiciales evaluar la posibilidad de conceder beneficios a personas investigadas por hechos de corrupción que decidan colaborar con la justicia, entregar pruebas y aportar información sobre otros posibles involucrados. La propuesta fue planteada durante su alocución del domingo 27 de septiembre, luego de referirse a la decisión del Consejo de Estado sobre el exsenador Iván Name. 

El mandatario sostuvo que los investigados, detenidos o quienes eventualmente sean procesados podrían aportar información sobre sus presuntos cómplices a cambio de beneficios dentro de los mecanismos contemplados por la legislación. “Entreguen a sus cómplices”, fue uno de los llamados realizados por De la Espriella, quien planteó que la colaboración efectiva podría ser considerada para obtener un castigo atenuado. 

El pronunciamiento se produjo tras el fallo del Consejo de Estado que, en primera instancia, decretó la pérdida de investidura de Iván Name por tráfico de influencias relacionado con el caso de la UNGRD. La corporación señaló que encontró acreditada la recepción de dinero vinculada a un acuerdo para favorecer el trámite de iniciativas legislativas con recursos provenientes del erario. La decisión puede ser apelada. 

De la Espriella también aseguró que puso en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades detectadas en el Fomag, la UNGRD y la Fiduprevisora, y reclamó transparencia en el manejo de los recursos públicos. En el caso de la UNGRD, entre las personas que han enfrentado procesos judiciales se encuentran Olmedo López y Sneyder Pinilla, mientras que otros exfuncionarios han sido vinculados a investigaciones relacionadas con el escándalo. Las responsabilidades individuales corresponden a las autoridades judiciales dentro de cada proceso.

La eventual concesión de beneficios no depende directamente de una decisión presidencial, sino de los mecanismos de colaboración previstos en la legislación y de las autoridades competentes en cada proceso. La propuesta abre ahora una discusión sobre las condiciones bajo las cuales investigados o procesados podrían aportar pruebas, identificar a otros participantes y contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre dentro de los procedimientos judiciales y con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.