Un operativo militar realizado en la vereda Pantanos, zona rural de Río de Oro, Cesar, dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, según información divulgada por el Gobierno. El procedimiento se produjo luego de un “combate de encuentro” entre tropas del Ejército Nacional y miembros de la subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’, señalada de pertenecer a esa organización armada.

Durante la operación, las tropas reportaron la incautación de dos fusiles, dos armas cortas, cuatro proveedores para fusil y dos motocicletas. De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, el resultado tendría impacto sobre la capacidad operativa de la estructura en sectores de Aguachica y Río de Oro, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la situación jurídica de los capturados y su eventual pertenencia al grupo armado.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al operativo a través de su cuenta de X y aseguró que las acciones de la Fuerza Pública continuarán dirigidas contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales. “La tranquilidad de los ciudadanos se defiende con acciones. Vamos por los narcoterroristas y sus economías criminales”, escribió el mandatario, al destacar el resultado de la operación.

El pronunciamiento presidencial también estuvo acompañado de un lenguaje particularmente contundente contra los integrantes de la organización. De La Espriella calificó a los detenidos como “narcoterroristas” y cerró su publicación con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”. Estas declaraciones forman parte del discurso político con el que el mandatario ha acompañado los reportes oficiales sobre operaciones de seguridad contra grupos armados ilegales.

Por ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de los capturados, los delitos que se les atribuirían ni su situación judicial. Tampoco se ha informado públicamente si el enfrentamiento dejó personas heridas. El caso deberá avanzar ante las autoridades competentes, que determinarán la responsabilidad individual de los detenidos y establecerán si efectivamente tenían vínculos con la subestructura mencionada por el Gobierno.