La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió al Congreso frenar el acto legislativo que busca establecer una revisión automática de las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública. La iniciativa, identificada como el Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026, plantea que las decisiones sancionatorias del Tribunal para la Paz sean revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial, antes de que queden en firme. La propuesta es impulsada por sectores del Centro Democrático y comenzó a avanzar en la Comisión Primera del Senado.
Durante la discusión, el magistrado de la JEP Camilo Suárez cuestionó que un tribunal de la jurisdicción militar pueda revisar, modificar o incluso revocar decisiones adoptadas por la jurisdicción transicional. Según explicó, el Tribunal Superior Militar tiene categoría de tribunal de distrito judicial, mientras que la JEP fue concebida como una jurisdicción con competencia propia para conocer los hechos relacionados con el conflicto armado. Para la JEP, el cambio podría generar un conflicto de competencias y alterar la estructura judicial establecida por la Constitución.
El debate también toca uno de los asuntos más sensibles de la justicia transicional: las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Suárez recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido límites a la competencia de la Justicia Penal Militar frente a conductas como la desaparición forzada, la tortura, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, por lo que la JEP considera que estos casos no deberían quedar sometidos a una revisión por parte de la jurisdicción castrense.
La JEP sostiene además que la reforma podría representar una sustitución de la Constitución, al afectar principios relacionados con la independencia judicial, los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales de Colombia de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la entidad advierte que modificar las reglas de juego para quienes actualmente comparecen ante la JEP podría generar inseguridad jurídica para los integrantes de la Fuerza Pública que ya están sometidos a este sistema y avanzan en la definición de su situación jurídica.
Mientras la JEP solicita que el proyecto sea archivado, sus promotores defienden la iniciativa como un mecanismo para garantizar un tratamiento diferenciado y mayores garantías para los miembros de la Fuerza Pública, incluyendo una revisión de las decisiones bajo criterios de Derecho Internacional Humanitario y las reglas operacionales vigentes al momento de los hechos. La ponencia favorable ya fue radicada y el proyecto deberá enfrentar ahora su discusión en primer debate en la Comisión Primera del Senado, donde se definirá si esta propuesta se convierte en una reforma de fondo al sistema de justicia transicional.
