El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó a los ministros de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, además de disponer apoyo económico para sus familias. El mandatario justificó la decisión bajo el argumento de que no se puede hacer pagar a todos por las actuaciones de unos cuantos.

El pronunciamiento, sin embargo, generó cuestionamientos por el lenguaje utilizado por el jefe de Estado. De la Espriella aseguró que quiere conocer “exactamente qué ocurrió” y que se establezca la responsabilidad individual de cada implicado, pero en el mismo mensaje calificó a los detenidos como “sus héroes” y afirmó que no los abandonará mientras enfrentan el proceso judicial en Estados Unidos.

La situación resulta especialmente polémica porque los militares están detenidos precisamente por una investigación relacionada con uno de los asesinatos políticos más graves de la región. Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe, y varios exmilitares colombianos han sido vinculados por las autoridades estadounidenses con la operación que terminó con su muerte. La investigación y las acusaciones no equivalen a una condena, por lo que corresponde a la justicia determinar la responsabilidad individual de cada acusado.

El presidente sostuvo que el Estado debe garantizar la defensa de sus integrantes y evitar que quienes resulten inocentes terminen pagando por hechos que no cometieron. Esa garantía jurídica es compatible con el debido proceso; no obstante, el debate político aparece cuando el propio presidente utiliza anticipadamente una categoría de “héroes” para referirse a personas que todavía deben responder ante la justicia por graves señalamientos. La asistencia legal, por tanto, puede ser defendida como una garantía institucional, mientras que el tono del respaldo presidencial abre otro frente de discusión.

El anuncio vuelve a poner sobre la mesa la manera en que el Gobierno de De la Espriella pretende relacionarse con la Fuerza Pública: respaldo político, jurídico y económico incluso en medio de investigaciones internacionales. La pregunta ahora será hasta dónde llegará ese respaldo y si el Ejecutivo mantendrá el mismo énfasis en la defensa institucional cuando las autoridades estadounidenses determinen qué ocurrió y, sobre todo, cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los militares involucrados.