El Gobierno prepara un decreto que podría cambiar las reglas de juego de la protesta social justo antes de las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre. La iniciativa modificará el Decreto 003 de 2021 y, según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, establecerá cómo deben actuar las autoridades desde el inicio de una manifestación cuando se presenten hechos violentos, además de precisar cuándo podría darse por agotado el diálogo. Aunque la administración asegura que busca proteger la protesta pacífica, sectores críticos advierten que una aplicación ambigua podría terminar restringiendo un derecho constitucional.
El borrador contempla los llamados corredores solidarios para garantizar la movilidad y reducir las afectaciones en vías y carriles exclusivos de sistemas como TransMilenio. El Gobierno sostiene que la medida pretende conciliar el derecho a manifestarse con el de quienes necesitan desplazarse, pero sus detractores temen que se convierta en una herramienta para desactivar movilizaciones o imponer condiciones desproporcionadas. La legalidad de estas disposiciones dependerá del texto definitivo y de la manera en que sean aplicadas por las autoridades territoriales.
La propuesta también diferencia las expresiones pacíficas de conductas como agresiones contra personas, retenciones, porte de armas o lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves. Las autoridades podrán adoptar medidas de prevención, protección y control dentro de sus competencias, pero no podrán atribuir responsabilidad colectiva por los actos de algunos participantes. Cualquier intervención deberá sustentarse en hechos verificables y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
La senadora Jennifer Pedraza cuestionó la iniciativa y afirmó que el Gobierno debería atender las causas sociales de las movilizaciones en lugar de ampliar las facultades de intervención. En contraste, el general retirado Eliécer Camacho consideró que precisar las conductas violentas podría orientar mejor las decisiones de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública. El debate también alcanza la participación de menores y el eventual ingreso de uniformados a universidades ante hechos violentos, una posibilidad respaldada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pero condicionada por la autonomía universitaria, las normas vigentes y las circunstancias concretas.
El expresidente Gustavo Petro convocó a las marchas del 14 de octubre en Bogotá y pidió que se desarrollen pacíficamente. Según publicó en X, las movilizaciones buscan impulsar reivindicaciones sobre el salario mínimo de 2027 y medidas contra el hambre. Con el decreto todavía en elaboración, la disputa queda planteada entre la obligación estatal de prevenir la violencia y el riesgo de que nuevas reglas terminen estigmatizando la protesta o habilitando un uso desproporcionado de la fuerza.
