Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales de Colombia preparan una jornada nacional de movilización para el próximo miércoles, en medio de crecientes diferencias con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien, según el texto original, completa más de dos meses en el poder. La convocatoria reúne exigencias laborales, educativas y territoriales, además de cuestionamientos a decisiones del Ejecutivo y preocupación por posibles restricciones al derecho a la protesta.

Uno de los principales convocantes es la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que llamó al magisterio a movilizarse en defensa de la educación pública, la salud de los docentes y sus derechos laborales. El sindicato también exige la reparación y reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, y rechaza lo que considera una campaña de estigmatización contra los maestros y sus organizaciones. En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció un paro de 24 horas y denunció presuntos incumplimientos de acuerdos colectivos, descuentos salariales y sanciones contra docentes que participaron en protestas anteriores.

La movilización también tendrá participación de organizaciones indígenas del suroccidente del país. Cuatro colectivos prevén reunirse en el Cauca para coordinar sus posiciones y sumarse a la jornada nacional. Edinson Peña, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que las comunidades cuestionan las políticas relacionadas con el extractivismo y los megaproyectos en sus territorios, así como los pronunciamientos presidenciales que, según afirmó, afectan a sus organizaciones. Para estos sectores, la protesta constituye una herramienta para exigir el respeto de sus derechos y el cumplimiento de los compromisos estatales.

Otro punto de controversia es la intención del Gobierno de modificar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El Ejecutivo plantea establecer reglas para proteger la protesta pacífica y responder ante hechos violentos, bloqueos y afectaciones a terceros. Sin embargo, organizaciones sociales y expertos advierten sobre los riesgos de ampliar la discrecionalidad policial y debilitar los mecanismos de diálogo. A esto se suma el Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno, una iniciativa cuestionada por sectores de oposición ante la posibilidad de que sus disposiciones terminen afectando el ejercicio de la protesta social.

La jornada del miércoles se inscribe en un calendario de movilizaciones que contempla la posibilidad de un paro nacional en noviembre, todavía sin fecha definida. Las recientes manifestaciones de artistas contra los recortes al sector cultural, las marchas feministas en defensa del derecho al aborto y la movilización en solidaridad con Palestina del pasado 7 de octubre reflejan la diversidad de reclamos que atraviesan el debate público. El alcance de la convocatoria permitirá observar el nivel de articulación de las organizaciones sociales y medir la respuesta ciudadana frente a las primeras decisiones del Gobierno, en un escenario de marcada polarización política.