Dos meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el manejo de las donaciones para atender a los damnificados continúa bajo cuestionamiento. Esta vez, la controversia se centra en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuya representante legal es la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que fue autorizada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para canalizar ayudas destinadas a la reconstrucción.
Según una investigación de Noticias Uno, la fundación no contaría con la calificación requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para pertenecer al Régimen Tributario Especial. Este procedimiento es distinto de la constitución legal de una entidad sin ánimo de lucro y exige adelantar trámites tributarios específicos. La situación plantearía interrogantes sobre su capacidad para certificar donaciones con beneficios fiscales, aunque por sí sola no demuestra que los recursos recibidos hayan sido desviados ni que exista apropiación irregular del dinero.
La organización fue constituida oficialmente el 7 de julio de 2026, de acuerdo con la información publicada, y posteriormente habría convocado a un consejo de fundadores para modificar sus estatutos y ajustarlos a las exigencias tributarias. Las actas divulgadas por el noticiero ubicarían esa reunión el 20 de agosto. Expertos consultados por el medio señalaron que el trámite de calificación ante la DIAN podría tardar alrededor de cuatro meses, lo que abre dudas sobre el tratamiento tributario de las donaciones durante ese periodo.
La controversia también llegó al Congreso. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, solicitó información sobre los recursos recibidos por la fundación, pero consideró que la respuesta no resolvía de fondo sus inquietudes y acudió a instancias judiciales. Según el artículo fuente, el Juzgado 38 de Familia de Bogotá negó la acción presentada. Hasta la información citada en el reporte, ni la fundación ni la primera dama habían respondido públicamente a los nuevos señalamientos. Junto a esta organización, el Gobierno autorizó a la Corporación Organización El Minuto de Dios y a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) para canalizar ayudas.
Entretanto, la campaña Colombia, un Solo Corazón, liderada por Pineda, reportó que más de 48.000 personas recibieron asistencia, con la distribución de 5.813 toneladas de ayuda humanitaria en ocho departamentos y 80 municipios, según un balance publicado el 11 de octubre. Sin embargo, estas cifras de atención no responden por sí mismas a las preguntas sobre el dinero recaudado: ¿cuánto recibió cada entidad, cuánto se ha ejecutado, en qué se gastó y qué mecanismos de auditoría permiten verificar el destino de los recursos? La ciudadanía necesita respuestas documentadas, balances financieros y claridad sobre la supervisión de las donaciones destinadas a las familias afectadas.
