La Corte Suprema de Justicia advirtió posibles riesgos constitucionales en el proyecto de Estatuto Antiterrorista, especialmente por las medidas que podrían aplicarse a personas incluidas en registros administrativos de organizaciones y presuntos actores terroristas.

Entre las principales preocupaciones están el congelamiento de bienes, el uso de información de inteligencia y de listas internacionales como fundamento para adoptar medidas restrictivas, así como las garantías que tendrían los afectados para conocer y controvertir las decisiones.

El presidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Carlos Roberto Solórzano, señaló la importancia de que estas actuaciones respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y el control judicial, de manera que la inclusión en un registro no se convierta, por sí sola, en prueba de responsabilidad penal.

El proyecto recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal el pasado 15 de octubre, con 11 votos a favor y tres en contra, según reportes de prensa. Sin embargo, este concepto no elimina las observaciones formuladas por la Corte ni reemplaza el trámite legislativo.

El debate se centra en cómo fortalecer las herramientas del Estado contra el terrorismo sin desconocer las garantías constitucionales, la protección de los derechos individuales y la separación de poderes.