La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Jesús Lorduy y el senador Enrique Cabrales, quienes proponen crear un marco de protección para niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del uso temprano y no regulado de estas plataformas digitales, tomando como referencia medidas adoptadas recientemente en otros países como Francia.
De acuerdo con los congresistas, la propuesta establece un sistema de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas, que serían las principales responsables de implementar mecanismos efectivos para impedir el acceso de menores de edad a contenidos no aptos.
Uno de los puntos centrales del proyecto contempla multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 8.500 millones de pesos, para los prestadores del servicio que no adopten procedimientos claros para verificar la edad de sus usuarios. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley e imponer las sanciones correspondientes.
La iniciativa también plantea que las plataformas implementen diferentes métodos de validación de identidad, entre ellos el uso del documento de identificación, la autorización de padres o tutores y tecnologías de reconocimiento facial apoyadas en inteligencia artificial.
Además, propone que las redes sociales ofrezcan contenidos diferenciados para menores y adultos, de modo que, en caso de que un adolescente acceda a la plataforma, solo pueda visualizar material adecuado para su edad, bajo un esquema similar al de los controles parentales utilizados en servicios de streaming.
Los impulsores del proyecto argumentan que la medida responde al creciente tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. Según cifras citadas por el representante Lorduy, los niños y adolescentes en Colombia permanecen entre ocho y nueve horas diarias utilizando celulares o dispositivos electrónicos, mientras que el 62 % de los menores de 16 años no cuenta con controles parentales sobre el contenido que consume en redes sociales.
La iniciativa comenzará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá superar los debates legislativos antes de convertirse en ley.