El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional por el riesgo inminente que representa la llegada del fenómeno de El Niño en Colombia. La decisión fue adoptada mediante el Decreto 0802 de 2026, expedido el 23 de julio, con el fin de facilitar la movilización de recursos y adoptar medidas extraordinarias para prevenir y mitigar sus efectos.

La declaratoria tendrá una vigencia de 12 meses y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a un evento climático que podría generar graves impactos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la información técnica recopilada por los organismos ambientales confirma que las condiciones de El Niño ya están presentes en la atmósfera y el océano. Además, existe una probabilidad superior al 95 % de que el fenómeno se fortalezca durante el segundo semestre de 2026 y un 63 % de que alcance una intensidad alta.

Las proyecciones indican que sus efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027, convirtiéndose en uno de los episodios más severos registrados en más de siete décadas.

Entre las principales consecuencias previstas se encuentran una disminución significativa de las lluvias, sequías prolongadas, aumento de los incendios forestales, dificultades en la generación de energía, afectaciones a la producción agropecuaria y riesgos para la salud pública.

La UNGRD señaló que las regiones Pacífica, Andina y Caribe serían las más impactadas por la reducción de las precipitaciones. Asimismo, alertó sobre posibles deterioros en los ecosistemas, la calidad del aire y los suelos.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el abastecimiento de agua potable. Según la entidad, 558 municipios del país presentan un riesgo alto o muy alto de desabastecimiento, situación que podría agravarse especialmente en las comunidades rurales con menor acceso al recurso hídrico.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a las entidades territoriales y a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y uso eficiente del agua, mientras se implementan las acciones contempladas en la declaratoria de desastre nacional.