La frontera entre España y Marruecos atraviesa uno de los episodios migratorios más graves de los últimos años tras la llegada masiva de personas a Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África. Mientras el gobierno ceutí informó inicialmente de entre 1.500 y 2.000 ingresos en los últimos diez días, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, afirmó posteriormente que entre 50.000 y 60.000 migrantes han accedido de forma irregular al territorio español durante la actual crisis. El Ministerio del Interior señaló que aproximadamente 25.000 personas ya habrían retornado a Marruecos.
La situación humanitaria se ha agravado con al menos 34 migrantes muertos en las últimas horas y un aumento de los intentos de cruce por mar y por tierra. Las autoridades españolas informaron de rescates realizados por Salvamento Marítimo y del hallazgo de varios cuerpos en el litoral ceutí. Además, se registraron episodios de violencia en el entorno fronterizo, con enfrentamientos entre grupos de jóvenes y fuerzas de seguridad marroquíes, así como intentos de forzar la valla y lanzamiento de piedras contra los agentes desplegados en la zona.
Ante el incremento de llegadas, el Gobierno de España ordenó el despliegue del Ejército, junto con más de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para reforzar el control de la frontera y garantizar la seguridad en la ciudad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó a Ceuta y calificó la situación como una “violación deplorable de la integridad territorial”, al tiempo que anunció que se aplicarán los acuerdos bilaterales con Marruecos para agilizar los procedimientos de repatriación de quienes hayan ingresado de manera irregular.
La crisis se produce en un contexto marcado por una reciente decisión del Tribunal Supremo español, que recordó que la legislación de extranjería no permite aplicar el rechazo inmediato en frontera a personas interceptadas en alta mar, además de factores estacionales y tensiones diplomáticas regionales. España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para gestionar los flujos migratorios, mientras Ceuta mantiene sus centros de acogida al límite de su capacidad y continúa reclamando apoyo extraordinario del Gobierno central para hacer frente a una presión que las autoridades locales califican de insostenible.
