La construcción de una nueva sede presidencial en Barranquilla, impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, ha desatado una controversia que va más allá de lo estético o lo político. El proyecto, ubicado en el Batallón Paraíso, en el norte de la ciudad, ha sido bautizado por críticos como la “Casa Blanca de drywall” debido a su diseño y al uso de materiales livianos, pero sobre todo por las dudas que genera su pertinencia en un departamento con múltiples carencias sociales.
Según reportes oficiales, la obra presenta un avance cercano al 80 % y ha requerido la participación de cerca de 300 trabajadores, con el objetivo de estar lista antes del 7 de agosto, fecha de posesión presidencial. Sin embargo, el debate público se ha centrado en el costo de la adecuación, estimado en $2.000 millones, financiados en parte por la Gobernación del Atlántico, bajo la administración de Eduardo Verano, y complementados con donaciones de empresarios privados, entre ellos aportes de Tecnoglass para ventanería y puertas, además de equipos de aire acondicionado suministrados por otros actores del sector privado.
Aunque el gobernador Verano ha defendido la intervención como la recuperación de una infraestructura construida en 2010 y su adaptación para funciones gubernamentales, las críticas han girado en torno a la priorización del gasto público. Sectores políticos y sociales han cuestionado si estos recursos no podrían haberse destinado a necesidades más urgentes del Atlántico, como la mejora de hospitales, la reducción del déficit en infraestructura educativa o la inversión en agua potable en zonas rurales y urbanas vulnerables.
Desde la oposición, dirigentes del Pacto Histórico han sido especialmente críticos. El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, calificó la obra como un “palacete de utilería”, mientras que la representante Mafe Carrascal la describió como una “Casa Blanca en drywall”, en alusión al contraste entre la magnitud simbólica del proyecto y su aparente fragilidad estructural. A estas voces se sumaron la senadora Gloria Flórez, quien cuestionó la transparencia del uso de recursos públicos y privados, y los congresistas Esmeralda Hernández y Santiago Osorio, quienes advirtieron que el proyecto contradice el discurso de austeridad promovido por el nuevo gobierno.
Más allá del debate político, el proyecto ha reabierto una discusión de fondo en el Atlántico: la brecha entre grandes anuncios institucionales y las necesidades estructurales del territorio. En un departamento donde persisten problemas de acceso a servicios básicos, desempleo y rezagos en infraestructura social, la inversión en una sede presidencial ha sido interpretada por diversos sectores como una decisión desconectada de las prioridades ciudadanas.
El propio esquema de financiación, que combina recursos departamentales con aportes privados, ha generado interrogantes sobre la conveniencia de destinar fondos públicos a una obra de carácter simbólico y administrativo, en lugar de fortalecer programas sociales o proyectos de impacto directo en las comunidades.
La sede presidencial de Barranquilla hace parte de la estrategia anunciada por De la Espriella de descentralizar el ejercicio del poder ejecutivo, alternando su presencia entre regiones. No obstante, el debate que ha surgido en torno a la obra evidencia que, más allá de la descentralización, persiste la pregunta sobre si este tipo de proyectos responden realmente a las urgencias del país o si, por el contrario, terminan convirtiéndose en símbolos de una política desconectada de las realidades sociales que dice atender.
Tania A. Patiño Niño
Comunicadora Social y Periodista
