Luego de un proceso electoral muy agresivo y mediático, en el que las propuestas fueron superadas por las ofensas y los señalamientos personales, que incluso llenaron la Fiscalía y los juzgados de denuncias y demandas, y con unos resultados dignos del debate que se vivió, milimétricos y rodeados de denuncias de fraude e intervención de fuerzas y políticos extranjeros, se conoció el nombre de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para un periodo de cuatro años.

Ese mandato comienza hoy en medio de múltiples demandas por su posesión en la ciudad de Santiago de Cali y de protestas en las principales ciudades del país, impulsadas por una oposición que considera al nuevo presidente como ilegítimo, no solo por el supuesto fraude cometido, según el presidente saliente, con tecnología de Israel, sino además por negarse a renunciar a su ciudadanía estadounidense, lo que, según sus detractores, viola la Constitución colombiana.

De la Espriella, además, debe consolidar unas mayorías fuertes en el Congreso, donde perdió la primera batalla política al no poder elegir al presidente del Senado de su interés, gracias a la sorpresiva unión entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, partidos ideológicamente opuestos, pero aliados de momento para poner freno al nuevo Gobierno.

Sus mayorías en el Congreso dependerán de varios factores políticos que aún no están claros y que tendrán un nuevo pulso en la elección del nuevo contralor general de la República. La carta del Gobierno es Jorge Enrique Laverde, actual secretario de la Comisión Sexta del Senado. Para lograrlo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, viene sosteniendo reuniones con el Partido Liberal y otras bancadas, e incluso conversaciones con el presidente del Senado, Honorio Enríquez, así como con el expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, el Pacto Histórico también desarrolla su estrategia para la elección del nuevo contralor. El bloque de izquierda busca reunir los apoyos suficientes alrededor de un candidato propio o de consenso, con el fin de equilibrar las mayorías en el Congreso y evitar que el organismo de control quede alineado con los intereses del nuevo Gobierno.

Hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir este 12 de agosto, cuando el Congreso de la República, en sesión plenaria y por votación mayoritaria, defina entre los diez aspirantes que lograron superar todos los pasos previos quién será el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría General de la República y, de paso, medir el pulso del nuevo Gobierno en la consolidación de las mayorías en el Legislativo.

¿Cómo comienza el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Según lo señalado por el propio presidente, su gobierno arranca con la firma de medidas de aplicación inmediata en materia de seguridad, entre ellas la creación del “Bloque de Defensa”, cuyo fin sería fortalecer la seguridad urbana y combatir delitos como la extorsión y el homicidio. Además, se fijarán plazos para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia.

Esta medida preocupa a la oposición y a muchos analistas políticos, quienes temen que los bloques de seguridad puedan terminar reviviendo las famosas Convivir y, con ello, el fortalecimiento de grupos paramilitares.

A lo anterior se suma el anuncio de la revisión del modelo de seguridad regional, con el fin de descentralizar la Fuerza Pública y fortalecer los mecanismos de inteligencia militar y policial en los territorios.

Otro de los anuncios del nuevo Gobierno es la reestructuración del servicio exterior, que comenzará con el cierre definitivo de 14 embajadas y cerca de 15 consulados, dentro de un plan de austeridad estatal.

También se ha anunciado la presentación de proyectos de ley en las próximas semanas para complementar las decisiones antes señaladas. Una vez posesionado, el presidente De la Espriella dará a conocer su plan de austeridad y la estructura definitiva de cuáles ministerios seguirán operando.

Por otro lado, es de público conocimiento que el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una reforma tributaria, debido a que, según Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, el déficit fiscal sería del 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 5,5 % estimado por el gobierno saliente, lo cual, según el ministro, obliga a adoptar medidas de ajuste fiscal.