En uno de sus últimos actos como presidente de la República, Gustavo Petro revocó el reconocimiento como representantes de paz de ocho integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, una de las disidencias de las Farc, y ordenó reactivar las órdenes de captura que permanecían suspendidas para facilitar su participación en las negociaciones.
La medida quedó consignada en la Resolución 298 del 3 de agosto de 2026, que además ordena a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades judiciales y de Policía para levantar la suspensión de las órdenes de captura, conforme a la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022.
Entre los afectados figuran Jonathan Jair Narváez Quintero, alias 'Gafas'; Alexander Fabián Suárez; Jaime Muñoz Dorado; Yenimar Nasare García; Ramiro Pinzón Novoa; Ciro Alfonso Romero Ospina; Guido Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Oriano Ayala Garzón.
Gobierno argumenta facultades constitucionales
En la resolución, el Gobierno sostiene que la decisión se fundamenta en las facultades constitucionales del presidente para dirigir los procesos de paz y garantizar la preservación del orden público. Asimismo, recuerda que la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, mientras que la legislación vigente asigna al jefe de Estado la dirección exclusiva de las negociaciones con grupos armados organizados.
El documento también menciona que, durante el séptimo ciclo de conversaciones, realizado entre el 17 y el 20 de noviembre de 2025, las partes alcanzaron acuerdos sobre desescalamiento del conflicto, transformación territorial, protección ambiental, sustitución de cultivos ilícitos, fortalecimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), garantías electorales y la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta.
Pese a esos avances, el Ejecutivo resolvió retirar el reconocimiento de los representantes de esa estructura armada, decisión que deja sin efecto el beneficio jurídico que suspendía las órdenes de captura mientras participaban en la Mesa de Diálogos de Paz.
La resolución entró en vigencia desde su expedición, el 3 de agosto de 2026, y su ejecución dependerá de la notificación oficial que realice la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a las autoridades competentes.
