Entre los cambios más importantes se destacan:

La tarjeta de operación tendrá una vigencia de dos años, en lugar de uno.

Se eliminan cobros y trámites que no estaban contemplados en la ley, como algunos pagos por desvinculación, expedición de documentos o servicios no prestados.

Desaparece la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional para recorridos entre municipios contiguos y en determinados trayectos hacia o desde aeropuertos autorizados.

Los contratos de vinculación entre propietarios y empresas no podrán superar los dos años, y las empresas deberán entregar información mensual sobre los cobros realizados.

El paz y salvo ya no será requisito para adelantar varios trámites de tránsito y transporte.

Las nuevas matrículas o cupos deberán asignarse mediante sorteos públicos, bajo criterios de igualdad, transparencia e imparcialidad. 

Con estas modificaciones, el Gobierno busca modernizar el servicio de taxi, facilitar la movilidad de los vehículos, reducir la carga administrativa para propietarios y conductores, y fortalecer la transparencia en la relación con las empresas transportadoras.