El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una serie de medidas económicas para enfrentar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La emergencia dejó afectaciones en distintos departamentos del occidente y centro del país y obligó al Ejecutivo a evaluar mecanismos para garantizar recursos destinados a la atención y recuperación.

De acuerdo con cifras divulgadas por Asocapitales, en las principales ciudades afectadas se contabilizan al menos 190 personas fallecidas, 1.670 heridas, 222 desaparecidas y 243 estructuras colapsadas. Cali concentra el mayor número de víctimas mortales, con 95, seguida de Pereira con 81, mientras que Quibdó y Manizales registran nueve y cinco fallecidos, respectivamente.

Entre las primeras decisiones económicas se encuentra una prórroga de 30 días para el pago del impuesto de renta de los contribuyentes ubicados en las zonas afectadas cuyos vencimientos estaban previstos a partir del 12 de agosto. La medida busca otorgar un margen adicional a ciudadanos y empresas que enfrentan las consecuencias de la emergencia. La extensión contempla a contribuyentes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó, según lo informado.

El Ejecutivo también contempla traslados y reorientaciones dentro del presupuesto nacional para financiar las necesidades más urgentes, mientras ha señalado que, por ahora, no recurrirá a nuevos impuestos para atender la emergencia. El debate se concentra ahora en qué partidas podrían ser modificadas, especialmente aquellas relacionadas con gastos administrativos y rubros considerados de menor prioridad frente a la atención de las zonas damnificadas.

El principal desafío será garantizar recursos no solo para la respuesta inmediata, sino también para la reconstrucción de las regiones afectadas, en un contexto de presión sobre el recaudo tributario. Analistas citados en el reporte advierten que la prórroga en el pago de renta podría reducir temporalmente los ingresos esperados por la Dian durante agosto. El Gobierno deberá definir con el Congreso los ajustes presupuestales y la estrategia de financiación que permita afrontar la emergencia sin trasladar el costo a través de una mayor carga tributaria.