El presidente Abelardo De La Espriella ordenó iniciar operativos para identificar a migrantes en situación irregular en Colombia, con prioridad sobre aquellos que estén presuntamente vinculados con actividades delictivas. Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, el mandatario indicó que Migración Colombia deberá coordinar los procedimientos con la Policía y resumió su posición frente al fenómeno migratorio con la frase: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
Según la instrucción presidencial, los operativos tendrán dos objetivos principales: identificar a extranjeros involucrados en delitos y ubicar a quienes permanezcan en el territorio nacional sin haber regularizado su situación migratoria. De La Espriella aseguró que no permitirá que extranjeros en condición irregular que cometan delitos permanezcan en el país y ordenó que los procedimientos de deportación comiencen esta misma semana. La medida hace parte de un paquete de acciones de seguridad que también contempla operaciones contra la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio.
La decisión, sin embargo, genera un debate sobre la diferencia entre irregularidad migratoria y responsabilidad penal. El investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que una persona que no haya regularizado su permanencia no se convierte por ese hecho en delincuente. En ese sentido, los procesos administrativos relacionados con el estatus migratorio y las investigaciones por posibles delitos corresponden a procedimientos jurídicos diferentes. El investigador también cuestionó el uso del término “ilegal” y señaló que técnicamente corresponde hablar de personas en situación migratoria irregular.
El alcance de la medida también está condicionado por la capacidad operativa de Migración Colombia. Fuentes consultadas advierten que la entidad tendría limitaciones de infraestructura y que sería necesario fortalecer aspectos como las salas transitorias, el personal y la coordinación con autoridades locales y policiales para ejecutar operativos de gran escala. Rodríguez señala además que, con corte a junio de 2026, cerca de 847.000 ciudadanos venezolanos se encontraban en situación irregular en Colombia, mientras que dentro de esta población habría 193.000 niños, niñas y adolescentes, un grupo considerado sujeto de especial protección.
La orden presidencial pone nuevamente la política migratoria en el centro de la agenda de seguridad nacional. Colombia tiene una población venezolana que supera los 2,8 millones de personas y comparte una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela, en un contexto marcado por flujos migratorios asociados a la crisis humanitaria del país vecino. El Gobierno deberá ahora definir cómo implementará los operativos anunciados, bajo qué procedimientos se realizarán las deportaciones y cómo diferenciará entre quienes enfrentan una situación migratoria irregular y quienes tengan responsabilidad en conductas delictivas, mientras continúa el debate sobre el modelo migratorio que adoptará la administración de De La Espriella.
