El Gobierno Nacional anunció la destinación de $1,5 billones para el sector eléctrico con el propósito de atender las dificultades de liquidez que afectan la cadena de pagos entre empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras. Según los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la medida busca evitar que los problemas financieros comprometan la continuidad y confiabilidad del servicio de energía para los usuarios.
Como parte de la estrategia, el Gobierno informó que en los próximos días realizará un primer giro por $300.000 millones, destinado al pago de obligaciones pendientes con generadores térmicos. El plan contempla recursos para lo que resta de 2026, adicionales a los pagos de subsidios de energía y gas dirigidos a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. La administración atribuyó parte de las actuales presiones a dificultades estructurales del sistema que se han profundizado ante las condiciones climáticas.
El escenario energético también está marcado por el fenómeno de El Niño 2026-2027, que ha reducido la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. De acuerdo con cifras de XM citadas por el Gobierno, los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76 % de la media histórica en mayo y junio, y cerca del 80 % en julio. Esta situación ha obligado a aumentar la generación térmica, cuyo funcionamiento implica mayores costos asociados al uso de gas, carbón y combustibles líquidos.
Además de la inyección de recursos, el Gobierno planteó tres líneas de acción estructural: fortalecer los contratos de largo plazo para reducir la exposición a las variaciones del mercado, optimizar la estructura tarifaria y diseñar un plan integral de mejoramiento para la prestación del servicio en el Caribe. Esta última medida contempla acciones sobre la gestión, el desempeño y la gobernanza de las empresas encargadas de prestar los servicios públicos en la región.
El plan también contempla una mayor coordinación con gobernaciones y alcaldías, incluyendo medidas para promover el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades estatales. Con los recursos anunciados y las reformas planteadas, los ministerios de Hacienda y Minas y Energía buscan fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro, mientras persisten las presiones derivadas de la menor disponibilidad hídrica y de las dificultades de liquidez del sector.
