El Gobierno nacional ajustó nuevamente su propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó en $634,9 billones, es decir, $59,3 billones más que los $575,6 billones planteados inicialmente y que fueron devueltos por el Congreso. El Ejecutivo explicó que la primera versión habría subestimado algunas obligaciones que ahora fueron incorporadas a las cuentas, entre ellas salud, pensiones, universidades públicas, subsidios de energía y gas y las elecciones regionales.
Pero el mayor peso sobre el nuevo presupuesto está en la deuda pública. Frente al presupuesto que se ejecuta en 2026, los recursos destinados al servicio de la deuda aumentarían en $55 billones, un 54,7 %, convirtiéndose en uno de los principales motores del crecimiento del gasto. Para responder a estas obligaciones y financiar las demás necesidades previstas, el Gobierno calcula que deberá acudir a $95,6 billones en nuevos empréstitos durante 2027, un incremento del 67 %.
A este escenario se suma una nueva necesidad que no estaba contemplada de la misma manera en la primera propuesta: los recursos para la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto. El Gobierno también incorporó mayores requerimientos para sectores considerados prioritarios. Con el ajuste, el presupuesto destinado a Educación alcanza $78,77 billones, mientras Salud tendrá $77,05 billones y Trabajo $58,82 billones, las tres mayores asignaciones entre los ministerios.
Sin embargo, el problema no está únicamente en cuánto se pretende gastar, sino en cuánto dinero tendrá disponible el Estado para financiarlo. Para 2027, los ingresos corrientes de la Nación, principalmente provenientes de impuestos, se proyectan en $299,1 billones, equivalentes al 14,1 % del PIB. Esta cifra representa una proporción menor frente al 16 % del PIB contemplado en el proyecto de presupuesto de 2026, lo que deja nuevamente sobre la mesa el desafío de conseguir recursos adicionales sin aumentar la presión sobre las finanzas públicas.
Con este nuevo escenario, el Congreso tendrá que analizar si el aumento del gasto, el crecimiento de la deuda y las fuentes de financiación propuestas son sostenibles. La discusión ya no se limita a definir cuánto gastará el Estado en 2027: también deberá determinar hasta dónde puede seguir aumentando el endeudamiento para cubrir las obligaciones de la Nación, mientras el Gobierno busca responder a necesidades como salud, pensiones, educación, subsidios y la reconstrucción tras el terremoto.
