Los llamados “tierreros” continúan apareciendo en distintas investigaciones relacionadas con intentos de apropiación irregular de terrenos en la zona costera del Atlántico, particularmente en sectores de Puerto Colombia y Piojó. A los casos recientemente conocidos de predios de 5.082 y 33.637 metros cuadrados, se suma ahora un episodio en el que particulares habrían intentado acreditar la propiedad de 20.000 metros cuadrados de un terreno ubicado a orillas del mar.
El caso se remonta a una supuesta cesión realizada en 2005, mediante la Resolución No. 1164 del 30 de marzo de ese año. Sin embargo, cuando en 2023 se solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia la inscripción del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-615435, la administración municipal revisó sus registros y no encontró antecedentes que demostraran que el terreno hubiera hecho parte de los predios fiscales municipales. Tampoco pudo acreditar la existencia de las resoluciones mencionadas, por lo que se planteó la posibilidad de una falsedad material en documento público y/o fraude procesal.
Las alertas ya habían aparecido antes. En 2021, particulares intentaron radicar la misma matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Catastro de la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana, debido a que el terreno se encuentra en inmediaciones del mar, en el límite con Tubará y junto a una ciénaga. Funcionarios realizaron una visita al lugar y, según lo conocido, decidieron no inscribirlo al advertir que se estarían ocupando terrenos que pertenecerían a la Nación.
La situación generó nuevas verificaciones sobre la documentación presentada. Desde Catastro se solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia establecer si las resoluciones utilizadas para sustentar la supuesta propiedad eran auténticas o falsas. A esto se sumó otra irregularidad que despertó preocupación: dos personas diferentes habrían intentado registrar el mismo predio, situación que resultaba incompatible con la existencia de una única titularidad y que incluso habría estado relacionada con matrículas inmobiliarias distintas.
Finalmente, el predio no fue inscrito en Catastro, evitando que la maniobra avanzara en los registros oficiales. El episodio vuelve a poner bajo la lupa las estrategias utilizadas para intentar acreditar derechos sobre terrenos de la Nación en zonas de alto valor inmobiliario, especialmente en áreas costeras del Atlántico, donde las autoridades mantienen la atención sobre posibles operaciones irregulares de apropiación de tierras.
