El Gobierno nacional confirmó el cierre de los procesos de paz que permanecían vigentes, como parte de una decisión con la que busca poner fin a la política de ‘Paz Total’ implementada en el país. El anuncio fue realizado por el presidente De la Espriella, quien señaló que las negociaciones dejarán de hacer parte de la estrategia oficial de seguridad y paz.

Entre los procesos afectados se encuentra el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los principales grupos armados con los que el Estado había mantenido conversaciones. La determinación marca un cambio en la política gubernamental frente a las organizaciones armadas ilegales y prioriza, según el Ejecutivo, las acciones de seguridad y el sometimiento a la justicia.

El mandatario firmó la última resolución necesaria para desmontar los mecanismos administrativos relacionados con los procesos de negociación. Con esta medida también quedarían sin efecto las estructuras creadas para acompañar y facilitar los acercamientos con los grupos armados.

La decisión también genera cuestionamientos sobre los recursos destinados durante los procesos de paz. De acuerdo con las denuncias que acompañan el anuncio, algunos negociadores habrían recibido recursos que, en determinados casos, llegaron hasta los $7.000 millones, situación que deberá ser revisada por las autoridades competentes para establecer su destinación y legalidad.

El Gobierno sostiene que el cierre de estos procesos responde a la necesidad de replantear la estrategia frente a los grupos armados y fortalecer la seguridad en las regiones afectadas por la violencia. La medida podría generar reacciones políticas y jurídicas, especialmente por las consecuencias que tendría sobre los acuerdos, protocolos y compromisos adquiridos durante las anteriores negociaciones.