El Gobierno Nacional habilitó una ventana extraordinaria para que los departamentos y municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). La medida quedó establecida en el Decreto 1383 del 9 de septiembre de 2026, expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada tras la emergencia.

La decisión ha generado cuestionamientos debido a que el Fonpet tiene como propósito principal respaldar el pasivo pensional de las entidades territoriales. Sin embargo, el decreto no habilita un retiro libre de estos recursos: establece condiciones, requisitos de cobertura y límites de destinación, además de precisar que la utilización excepcional deberá estar directamente relacionada con las necesidades ocasionadas por la calamidad.

Entre las posibilidades contempladas está que los recursos del fondo cubran obligaciones como la nómina de pensionados de la administración central y del sector salud, permitiendo que los ingresos propios de las entidades territoriales queden disponibles para atender los daños provocados por el terremoto. También podrán utilizarse excedentes de los sectores de educación y propósito general, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación.

Uno de los puntos que mayor debate genera es la posibilidad de destinar durante 2026 excedentes del sector salud a la recuperación y reconstrucción de hospitales y demás infraestructura pública de salud afectada. Según la información citada en el decreto, 404 centros de salud ubicados en 185 entidades territoriales resultaron afectados. Los proyectos deberán cumplir requisitos técnicos y de planeación, y necesitarán un concepto de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

El Fonpet administra más de $60 billones destinados al respaldo de las obligaciones pensionales territoriales, por lo que la discusión va más allá de la emergencia inmediata: el desafío será determinar si esta utilización excepcional puede hacerse sin comprometer la sostenibilidad futura de las pensiones. El Decreto 1383 establece que los recursos solo podrán emplearse para conjurar las causas de la emergencia y evitar que sus efectos se extiendan o se agraven, mientras que 495 municipios de 16 departamentos se encuentran cobijados por la declaratoria de emergencia. La pregunta que queda sobre la mesa es si los controles previstos serán suficientes para garantizar que la reconstrucción no termine trasladando el costo de la emergencia al ahorro pensional de los territorios.