El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, lanzó este viernes una alerta por dos iniciativas que actualmente avanzan en el Congreso y que, según su interpretación, podrían afectar el funcionamiento y la autonomía financiera del tribunal de justicia transicional. Ramelli sostuvo que existe una estrategia encaminada a impedir el normal desarrollo de las funciones de la JEP.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la propuesta del senador Enrique Gómez de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con Ramelli, la iniciativa cuenta además con respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella. El magistrado reconoció que existe una situación fiscal compleja en la Rama Judicial, pero señaló que esta no debería resolverse afectando los recursos destinados a la jurisdicción transicional.
Según las cifras expuestas por la JEP, el eventual traslado representaría cerca del 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, cuyo monto asciende a $161.271 millones. La jurisdicción también advierte que el ajuste podría comprometer recursos destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento de sedes y sistemas tecnológicos, con posibles repercusiones sobre la seguridad de víctimas, testigos, funcionarios y la información judicial.
La controversia coincide además con el trámite de otra iniciativa de reforma constitucional relacionada con las decisiones de la JEP sobre integrantes de la Fuerza Pública, que plantea mecanismos de revisión por parte de la Justicia Penal Militar. La JEP interpreta la coincidencia de ambas propuestas como una posible estrategia de presión sobre su funcionamiento y sobre sus decisiones; esa es una valoración expresada por la propia jurisdicción, mientras que los proyectos todavía deben surtir su respectivo trámite legislativo.
Ante este escenario, Alejandro Ramelli pidió el acompañamiento de la comunidad internacional y anunció que la situación será puesta en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La JEP sostiene que cualquier modificación presupuestal debe garantizar la continuidad de sus funciones y la protección de los derechos de las víctimas.
