El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, llevó el pulso con el Gobierno nacional a un escenario internacional: denunció ante los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional, Nazhat Shakeem Khan y Mame Mandiaye Niang, las dos propuestas legislativas que buscan recortar el presupuesto del tribunal transicional e imponer una revisión automática de sus sentencias contra miembros de la Fuerza Pública. Para Ramelli, ambos hechos revisten una "especial gravedad" que comprometería de forma inmediata la capacidad de la jurisdicción para cumplir sus obligaciones y pondría en riesgo las garantías de comparecientes y víctimas.

El magistrado pidió a la CPI que intervenga y evalúe si estas propuestas —avaladas por los partidos de gobierno y respaldada la del recorte por el propio presidente Abelardo De la Espriella— representan un incumplimiento de las obligaciones de Colombia en el marco del acuerdo de cooperación con el organismo internacional, el mismo pacto que permitió cerrar en 2021 la investigación preliminar abierta contra el país por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Sobre el recorte presupuestal, Ramelli señaló que la JEP ya enfrenta una desfinanciación acumulada de $84.663 millones, y que de concretarse la reducción adicional de $100.000 millones, se afectaría el sistema de protección a víctimas, testigos y operadores judiciales, generando "graves riesgos de seguridad" para los firmantes de paz. El magistrado fue enfático: el recorte podría afectar incluso el pago de arriendos, servicios públicos y mantenimiento básico de las sedes del tribunal, escenario que calificó como un camino hacia la "inoperancia". "El traslado de COP $100.000 millones apoyado públicamente por el Gobierno, desconoce de manera directa el compromiso de asignar el presupuesto necesario para la implementación de la JEP", afirmó.

La segunda alerta girà en torno a la propuesta que permitiría a la Justicia Penal Militar revisar las sentencias que emita la JEP contra miembros de la Fuerza Pública, una iniciativa que, según Ramelli, alteraría la estructura y competencias del tribunal al permitir que un organismo externo intervenga en fallos de una jurisdicción que goza de autonomía constitucional. El magistrado advirtió que ambas iniciativas guardan correspondencia directa con el artículo 6 del Acuerdo de Cooperación, disposición que faculta a la Fiscalía de la CPI para reconsiderar su evaluación de complementariedad frente al caso colombiano.

Finalmente, Ramelli invitó a la Corte Penal Internacional a intermediar entre el Gobierno y la JEP, con el fin de "contribuir a preservar la independencia, autonomía y capacidad efectiva de funcionamiento" del tribunal transicional. La jugada de Ramelli eleva la disputa a un terreno diplomático de alto voltaje, en momentos en que el Gobierno De la Espriella redobla su ofensiva política y presupuestal contra la jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz de 2016.