El proceso judicial se originó tras la controversia por el retiro de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas” del Congreso. La Corte había ordenado al congresista ofrecer disculpas públicas y adoptar acciones de reparación simbólica para las víctimas, medidas que, según el despacho judicial, no habrían sido cumplidas de manera integral. 

Antes de imponer la sanción, el juzgado había concedido varios plazos para que Polo Polo acreditara el cumplimiento de las órdenes judiciales, incluyendo un ultimátum de tres días para presentar pruebas de las acciones realizadas. Sin embargo, tras evaluar el caso, el despacho determinó que persistía el desacato. 

La decisión podrá ser revisada por una instancia superior conforme a los procedimientos previstos para este tipo de sanciones. Mientras tanto, el caso continúa generando debate político y jurídico por su relación con la protección de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la justicia.