El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dejó claro que la nueva administración no mantendrá la tendencia de incrementos por encima de la inflación y la productividad, al considerar que ese modelo ha generado distorsiones económicas y ha afectado la competitividad del país.

Durante una entrevista con Caracol Radio, el futuro jefe de la cartera económica afirmó que Colombia debe regresar a una política salarial "racional", basada en indicadores técnicos como la inflación y la productividad, y no en decisiones de carácter político.

"Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos", aseguró.

Cuestiona el modelo aplicado por el Gobierno saliente

Gómez Martínez fue enfático en señalar que los incrementos del salario mínimo aprobados en los últimos años crecieron muy por encima del desempeño de la economía, por lo que anunció una revisión de esa política.

Según explicó, cuando los salarios aumentan sin que también lo haga la productividad de las empresas y de los trabajadores, se incrementan los costos laborales, se limita la contratación de personal y se reduce la capacidad de las compañías para invertir y generar empleo.

Califica el aumento del 23 % como una decisión política

El ministro designado también lanzó fuertes críticas contra el incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, al considerar que respondió más a intereses políticos que a criterios técnicos.

A su juicio, ese tipo de aumentos no pueden convertirse en la regla porque terminan afectando el equilibrio de la economía y la generación de empleo formal.

"Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza", afirmó.

Se avecina una negociación más estricta para 2027

Las declaraciones del futuro ministro dejan entrever que la negociación del salario mínimo para 2027 será mucho más conservadora que en los últimos años.

La productividad será el principal criterio para definir el incremento, por encima de decisiones orientadas a mejorar el ingreso de los trabajadores mediante aumentos extraordinarios. Con ello, el Gobierno electo busca contener los costos laborales y fortalecer la competitividad empresarial, aunque la medida podría generar preocupación entre los sindicatos y millones de empleados que esperan una mejora real en su poder adquisitivo.