La medida cautelar fue adoptada mientras se estudia una demanda de nulidad presentada contra el decreto. El alto tribunal consideró que la eliminación de la prima podría generar efectos jurídicos y económicos sobre los salarios de altos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría, cuyas remuneraciones están ligadas por ley a las de los congresistas.

Además, el Consejo de Estado señaló que existen dudas sobre si el Gobierno evaluó adecuadamente el impacto de la decisión antes de expedir la norma.

La demanda fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien argumenta que la medida vulnera la Constitución y la Ley 4 de 1992 al desmejorar las condiciones salariales de los servidores públicos. La Procuraduría respaldó la solicitud de suspensión provisional.

Con esta decisión, la prima especial de servicios continuará vigente hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto.